Los imputados recibieron penas de 10, 6 y 5 años de prisión por asociación de malhechores y comercialización ilegal de armas introducidas mediante contrabando
Las juezas del Tercer Tribunal Colegiado de Santiago impusieron condenas de 10, 6 y 5 años de prisión contra varios integrantes de una estructura vinculada al crimen organizado que se dedicaba al tráfico, almacenamiento y distribución ilegal de armas de fuego de alta potencia.
De acuerdo con la acusación, la organización tenía como principal centro de operaciones la localidad de Licey al Medio, en la provincia Santiago, desde donde se habría desarrollado parte de sus actividades relacionadas con la comercialización de armas y otros pertrechos.
Los condenados fueron identificados como Hornandys Emmanuel Cruz Almonte, Samuel Ramón Guaba Caraballo, César Emilio Toribio Vázquez, Félix Francisco Vásquez Peralta, Rosalba María Estrella López y Marcos de Jesús Diplán Diplán.
Según las autoridades, los integrantes de la estructura incurrieron en asociación de malhechores con el propósito de traficar, almacenar y distribuir ilegalmente armas de fuego y otros materiales relacionados.
La investigación también estableció que las armas eran introducidas de contrabando al territorio dominicano, para posteriormente ser almacenadas y comercializadas de manera clandestina.
El proceso judicial determinó además que la estructura obtenía recursos económicos mediante la comercialización de estas armas, convirtiendo la actividad ilícita en una fuente de ingresos para sus integrantes.
Las condenas impuestas por el tribunal representan el resultado del proceso seguido contra los miembros señalados como responsables de participar en esta organización.
La operación de la estructura tenía especial relevancia debido al tipo de armamento involucrado. Se trataba de armas de fuego de alta potencia, cuya circulación ilegal representa un riesgo para la seguridad pública al facilitar el acceso a este tipo de armas fuera de los mecanismos legales de control.
El tráfico de armas constituye además una actividad que puede estar relacionada con otras expresiones del crimen organizado, debido a que el armamento puede terminar en manos de grupos o individuos dedicados a actividades delictivas.
La sentencia emitida en Santiago establece penas diferenciadas para los acusados, de acuerdo con las responsabilidades determinadas durante el proceso judicial.
Las condenas de mayor duración alcanzan los 10 años de prisión, mientras que otros de los imputados recibieron penas de 6 y 5 años.
El caso tiene como uno de sus puntos centrales el municipio de Licey al Medio, donde, según la investigación, la estructura había establecido parte de sus operaciones.
La decisión judicial representa un golpe a una organización señalada por las autoridades de participar en el ingreso y distribución clandestina de armas de fuego en República Dominicana.
El proceso también pone nuevamente bajo atención la problemática del contrabando de armas, una actividad que requiere coordinación entre organismos de seguridad, autoridades aduaneras y el sistema de justicia para impedir el ingreso y circulación de armamento fuera de los canales establecidos por la ley.
Con las condenas dictadas por el Tercer Tribunal Colegiado de Santiago, los integrantes señalados de esta estructura deberán cumplir las penas de prisión establecidas por la justicia por los hechos que les fueron atribuidos.