La procuradora general de la República vinculó el ingreso de armas ilegales al país con actos de corrupción y sus consecuencias sobre la seguridad ciudadana.
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, advirtió sobre las consecuencias que pueden generar los actos de corrupción cometidos por servidores públicos, señalando que sus efectos pueden trascender el ámbito económico y tener un impacto directo sobre la vida y la seguridad de los ciudadanos.
Durante su intervención en el Foro de Contrataciones Públicas, Reynoso se refirió específicamente al ingreso de armas ilegales al territorio dominicano y sostuvo que los hechos de corrupción relacionados con estos procesos pueden terminar generando violencia y muertes en las calles.
La procuradora afirmó que las armas que ingresan al país como consecuencia de irregularidades representan un problema que va más allá de la pérdida de recursos o del incumplimiento de las normas administrativas.
“Esa arma que entró por Aduanas se traduce en sangre y muertes en nuestras calles y por eso decidimos que la corrupción es un asunto de vida. La corrupción genera millones de víctimas”, aseguró Reynoso durante su intervención.
Sus declaraciones colocan nuevamente el tema de la corrupción pública como un asunto relacionado con la seguridad ciudadana y no únicamente con el manejo de recursos estatales.
Reynoso destacó la necesidad de observar las consecuencias que pueden producir las acciones ilícitas dentro de las instituciones públicas, especialmente cuando estas permiten el ingreso o circulación de elementos que posteriormente pueden ser utilizados en actividades criminales.
El planteamiento de la procuradora se produjo en el marco de un foro dedicado a las contrataciones públicas, un área considerada fundamental para garantizar la transparencia y el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado.
La funcionaria sostuvo que combatir la corrupción implica también prevenir las consecuencias que esta puede generar sobre la población, particularmente cuando las irregularidades permiten facilitar actividades que representan un riesgo para la seguridad.
Las declaraciones forman parte del llamado de las autoridades a fortalecer los mecanismos de prevención, supervisión y persecución de los actos de corrupción dentro del sector público, con el objetivo de reducir sus efectos sobre la sociedad dominicana.
Reynoso insistió en que detrás de determinadas prácticas corruptas pueden existir consecuencias humanas que deben ser tomadas en cuenta al momento de evaluar la gravedad de estos hechos.