miércoles, septiembre 2

Evaluación de jueces de la Suprema queda bajo la sombra de cuatro renuncias

La salida de cuatro magistrados vuelve a generar cuestionamientos sobre la metodología y discrecionalidad del proceso de evaluación del CNM

La evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia vuelve a estar bajo escrutinio luego de que cuatro magistrados, incluido su presidente, Luis Henry Molina, decidieran no someterse al proceso del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Además de Molina, declinaron ser evaluados Nancy Salcedo Fernández, María Gerinelda Garabito Ramírez y Manuel Ramón Herrera Carbuccia, primer sustituto del presidente de la Suprema y presidente de la Tercera Sala.

Aunque la decisión está contemplada dentro de las normas del CNM y ninguno de los magistrados atribuyó públicamente su salida a inconformidad con el mecanismo, la coincidencia de cuatro renuncias vuelve a poner el foco sobre el proceso. Esto ocurre menos de un año después de que otros tres jueces fueran excluidos tras una evaluación anterior.

La normativa establece diversos criterios para valorar el desempeño judicial, entre ellos integridad, reputación, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas, eficiencia y desempeño profesional. Sin embargo, el principal cuestionamiento señalado es que no existe una matriz pública que establezca cuánto pesa cada indicador ni qué puntuación determina la permanencia o salida de un magistrado.

El debate también alcanza la composición del propio CNM y el peso que puede tener la correlación política dentro del organismo. En procesos anteriores, algunos resultados terminaron definidos mediante el voto calificado del presidente Luis Abinader, luego de producirse empates entre los integrantes del Consejo.

La situación plantea una discusión de fondo: si una evaluación debe medir objetivamente el desempeño de jueces que ya ejercen sus funciones o si el amplio margen de apreciación del CNM puede convertir el proceso en una nueva selección de magistrados.

Las cuatro renuncias reavivan así el debate sobre la transparencia del sistema de evaluación y las garantías de independencia de la Suprema Corte de Justicia.

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