Cuatro estados de EE. UU. buscan restricciones para Instagram y Facebook y multas que podrían alcanzar los US$1.4 billones
Meta se prepara para enfrentar un nuevo juicio en Estados Unidos por las acusaciones relacionadas con el impacto de Instagram y Facebook en los menores de edad. Los fiscales generales de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey sostienen que la compañía diseñó determinadas funciones de sus plataformas con el objetivo de mantener a los jóvenes enganchados.
La selección del jurado comenzará este miércoles en un tribunal federal de Oakland, cerca de San Francisco, mientras que el juicio propiamente dicho está previsto para iniciar el 18 de agosto y extenderse durante aproximadamente seis semanas. Un veredicto podría conocerse a principios de octubre.
Los estados demandantes solicitan una serie de restricciones sobre el funcionamiento de Instagram y Facebook para usuarios menores de edad, además de sanciones económicas que podrían alcanzar los US$1.4 billones. Esa cifra se calcula a partir del número de menores que, según la acusación, habrían sido afectados por las prácticas cuestionadas.
Uno de los principales testigos previstos es Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, quien podría comparecer ante el tribunal antes de finalizar septiembre. Esta sería su segunda aparición judicial en seis meses relacionada con los cuestionamientos sobre el impacto de las plataformas de la compañía en los jóvenes.
El proceso tiene como antecedente los llamados “Archivos de Facebook”, documentos internos filtrados en 2021 por la exempleada Frances Haugen. Las revelaciones impulsaron investigaciones sobre lo que Meta conocía acerca de los posibles efectos de Instagram sobre la salud mental de los adolescentes.
Meta, por su parte, ha rechazado las acusaciones y asegura tener confianza en sus medidas para proteger a los adolescentes en internet. La empresa argumentará que la salud mental de los jóvenes no puede atribuirse a una sola aplicación y que algunas de las funciones cuestionadas están protegidas por las garantías constitucionales de libertad de expresión.
El nuevo juicio podría convertirse en uno de los procesos más relevantes sobre la responsabilidad de las grandes plataformas tecnológicas frente a sus usuarios menores de edad.