Juristas analizan el impacto de las nuevas disposiciones sobre las medidas de coerción y el alcance de las facultades del Ministerio Público
La entrada en vigor del nuevo Código Penal ha abierto un debate jurídico sobre las consecuencias de algunas de sus disposiciones, entre ellas la posibilidad de imponer condenas de hasta 60 años de prisión en determinados casos.
De acuerdo con especialistas en derecho, el incremento de las penas podría incidir en la valoración de las medidas de coerción, especialmente en la imposición de prisión preventiva durante el desarrollo de los procesos penales.
Otro de los aspectos que ha generado discusión es la facultad otorgada al Ministerio Público para emitir órdenes de protección provisionales. Algunos juristas consideran que esta disposición plantea interrogantes sobre el principio de jurisdiccionalidad, que reserva determinadas decisiones a los jueces.
El alcance de estas medidas y su compatibilidad con las garantías constitucionales continúa siendo objeto de análisis entre expertos del ámbito jurídico, mientras avanza la aplicación de la nueva legislación.