Santo Domingo. La Cuarta Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional fijó para el viernes 28 de agosto, a las 9:00 de la mañana, el inicio del juicio de fondo contra los hermanos Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat de Bera, propietarios de la discoteca Jet Set, por su presunta responsabilidad en el colapso del techo del establecimiento ocurrido el 8 de abril de 2025, tragedia que dejó un saldo de 236 personas fallecidas y más de 180 heridas, convirtiéndose en uno de los hechos más devastadores registrados en un centro de entretenimiento en la historia reciente de la República Dominicana.
El proceso será conocido por el juez Franny González Castillo, luego de que el expediente fuera asignado mediante un sorteo aleatorio realizado por la Presidencia de la Cámara Penal del Distrito Nacional. Inicialmente, el caso había sido remitido a otra sala, pero fue reasignado tras la inhibición de la jueza Clara Luz Almonte Gómez, quien decidió apartarse del conocimiento del expediente al mantener una relación de amistad con una de las víctimas del siniestro, con el objetivo de preservar la imparcialidad del proceso.
Los hermanos Espaillat fueron enviados a juicio de fondo mediante un auto de apertura dictado por el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, luego de que el tribunal considerara que existen elementos probatorios suficientes para que las acusaciones presentadas por el Ministerio Público sean debatidas en la fase de juicio. La acusación los señala por el delito de homicidio involuntario, al alegar que incurrieron en negligencia al no adoptar las medidas necesarias para corregir las condiciones estructurales del establecimiento, pese a los riesgos que presentaba la edificación.
En el expediente también figuran como terceros civilmente demandados varias empresas y familiares vinculados a los propietarios, entre ellos Radio Cadena Comercial, Difusora Hemisferio, Inversiones CCEP-02, S.A., Evelyn Espaillat y Ana Grecia López, debido a las reclamaciones civiles derivadas de la tragedia. Además del proceso penal, el caso mantiene un componente patrimonial, luego de que el tribunal ordenara medidas conservatorias, incluyendo embargos e hipotecas judiciales por RD$500 millones, con el propósito de garantizar una eventual reparación económica a las víctimas y sus familiares.
La audiencia del próximo 28 de agosto marcará el inicio de la etapa más importante del proceso judicial. Durante el juicio de fondo, el Ministerio Público presentará las pruebas con las que busca demostrar la responsabilidad penal de los imputados, mientras que la defensa tendrá la oportunidad de rebatir las acusaciones. Asimismo, los abogados de las víctimas y querellantes esperan que el tribunal establezca las responsabilidades correspondientes en un caso que ha generado una profunda conmoción nacional y mantiene la atención de la opinión pública desde el derrumbe del emblemático centro nocturno.