La justicia en España ha procesado a Begoña Gómez por presuntos delitos de corrupción, tras una investigación que se extendió durante aproximadamente dos años.
El juez encargado del caso, Juan Carlos Peinado, decidió continuar el proceso judicial al considerar que existen indicios suficientes para llevarla a juicio por delitos como tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, corrupción en los negocios y apropiación indebida.
Según la investigación, Gómez habría utilizado su posición y vínculos institucionales para favorecer intereses privados y desarrollar actividades profesionales vinculadas a la Universidad Complutense de Madrid.
El caso también involucra a otras personas cercanas, incluyendo colaboradores y empresarios, quienes habrían participado en las operaciones bajo investigación.
Por su parte, tanto Gómez como su entorno han negado las acusaciones, mientras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido su inocencia y ha pedido que la justicia actúe con imparcialidad.
La decisión judicial abre la puerta a un posible juicio, que podría ser llevado ante un jurado popular, en un caso que ha generado fuerte debate político y mediático en España.