Un grupo de diputados pertenecientes a distintas bancadas sometió ante la Cámara de Diputados una propuesta de modificación al nuevo Código Penal, con el objetivo de revisar varios artículos que han generado debate en distintos sectores de la sociedad. La iniciativa plantea como eje principal establecer una diferencia entre las imputaciones relacionadas con hechos de interés público o el desempeño de funcionarios y aquellas que afectan exclusivamente la vida privada de las personas.
El proyecto, depositado el pasado 7 de julio de 2026, propone modificaciones a la Ley Orgánica núm. 74-25, que instituye el nuevo Código Penal de la República Dominicana. La propuesta busca precisar el alcance de varias disposiciones para evitar interpretaciones que puedan afectar derechos fundamentales o generar conflictos en su aplicación.
Entre los temas abordados figuran la difusión de audios, imágenes o videos sin consentimiento, las disposiciones sobre difamación, el ultraje contra la autoridad pública y las sanciones relacionadas con la emisión de certificaciones médicas falsas. Los legisladores entienden que estos aspectos requieren ajustes para garantizar un mejor equilibrio entre la protección de los derechos individuales y el interés público.
La iniciativa fue presentada por los diputados Amado Antonio Díaz Jiménez, vocero del bloque del Partido Revolucionario Moderno (PRM); Carlos de Pérez Juan, de la Fuerza del Pueblo (FP); Gustavo Antonio Sánchez García, vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD); y Eduviges María Bautista Gomera, también del PRM.
Asimismo, respaldan la propuesta los legisladores Braulio de Jesús Espinal Tavárez, de Dominicanos por el Cambio (DXC); Julio Emil Durán Rodríguez, del PRM; Rogelio Antonio Genao Lanza, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC); Jorge Manuel Zorrilla González, del Partido Cívico Renovador (PCR); y Fiordaliza Estévez Castillo, del PRSC.
Con esta iniciativa, el Congreso continúa recibiendo propuestas de modificación al nuevo Código Penal antes de su entrada en vigor, en un proceso que busca atender las observaciones formuladas por distintos sectores y fortalecer la seguridad jurídica de la nueva legislación.