La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, presentó una serie de propuestas legislativas orientadas a endurecer la lucha contra la criminalidad y restringir beneficios que, según el Gobierno, permiten condiciones de ocio dentro de los centros penitenciarios.
La mandataria planteó impulsar reformas para fortalecer la seguridad pública, endurecer medidas contra estructuras criminales y modificar aspectos relacionados con el funcionamiento de las cárceles, argumentando que el sistema debe enfocarse en la rehabilitación y no en actividades recreativas que no aporten a ese objetivo.
Las iniciativas forman parte de la estrategia de seguridad impulsada por la administración de Fernández, que ha colocado la lucha contra el crimen organizado entre sus principales prioridades de gobierno.
La propuesta ha generado debate en distintos sectores políticos y sociales, mientras el Ejecutivo busca el respaldo legislativo necesario para convertir las medidas en ley.
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