La discusión sobre los modelos de seguridad en América Latina vuelve a tomar fuerza luego de que la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, manifestara su intención de implementar medidas inspiradas en el sistema aplicado por Nayib Bukele en El Salvador.
Durante una entrevista, Fernández expresó su admiración por los resultados obtenidos en el país centroamericano, destacando la drástica reducción de la criminalidad gracias a políticas de seguridad más estrictas, incluyendo el uso de cárceles de máxima seguridad para aislar a miembros del crimen organizado.
Según explicó, uno de los principales problemas que busca enfrentar en Costa Rica es que muchos delincuentes continúan operando desde prisión debido a la falta de controles efectivos, lo que permite la continuidad de redes de narcotráfico y crimen organizado incluso desde los centros penitenciarios.
Fernández aseguró que cualquier medida adoptada se realizará dentro del marco constitucional del país, respondiendo a las críticas de organismos internacionales que han cuestionado el modelo salvadoreño por posibles violaciones a los derechos humanos. En ese sentido, defendió que también deben considerarse los derechos de las víctimas, no solo los de los criminales.
El tema ha generado un amplio debate en la región, donde distintos países enfrentan desafíos similares en materia de seguridad. La discusión incluye comparaciones con sistemas penitenciarios de otras naciones, como República Dominicana, donde se ha señalado la falta de control en cárceles y la presunta corrupción que permite a internos continuar actividades ilícitas desde prisión.
La posible adopción de este modelo plantea interrogantes importantes sobre el equilibrio entre seguridad y derechos humanos, así como sobre la efectividad de las políticas de mano dura frente al crimen organizado en América Latina.